Videocàmeres i drets fonamentals

Videocámaras y derechos fundamentales

Videocàmeres i drets fonamentals

En el derecho laboral (art. 4 y 18 Estatuto de los Trabajadores) se dispone que, en la relación laboral, los trabajadores tienen el derecho al respeto a su intimidad y su inviolabilidad. Por otra parte, la misma norma (art 20.3) establece que el empresario podrá adoptar medidas adecuadas en materia de vigilancia y control del cumplimiento del trabajador. A veces estos derechos chocan y pueden originar varios conflictos. La cuestión es: ¿en un proceso judicial por despido, se puede utilizar una grabación donde se constata, como algún trabajador está apropiando bienes a la empresa? No podemos olvidar que la grabación, autorizada o no, efectuada por una videocámara a un empleado en su trabajo, supone de por sí una intrusión en la vida privada. Veremos a continuación que dicen los tribunales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha dictado una sentencia, en el “caso Lopez Ribalda y otros contra España” que tiene una gran relevancia jurídica y práctica. La sentencia recoge los hechos que son los siguientes:

El responsable de una cadena de supermercados, detecta determinadas irregularidades en los niveles de stock de sus mercancías; lo que supone unas importantes pérdidas económicas mensuales. La dirección y con el fin de descubrir el origen de dicho problema, decide instalar un sistema de video vigilancia oculto, en las cajas para confirmar sus sospechas. Los trabajadores no son advertidos de esta instalación, aunque sí son informados de la instalación de otras cámaras situadas en las entradas de la tienda (control de clientes). Estas cámaras ocultas captaron a diferentes trabajadoras que por sí mismas o ayudadas por otras compañeras o por clientes, como se apropiaban de productos de la empresa sin pagarlos. La empresa, se reúne con todas las trabajadoras implicadas y muestra las imágenes que previamente se habían visionado por la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores. Las 5 trabajadoras son despedidas (pero 3 de ellas firman un acuerdo, por el que se comprometen a no impugnar el despido a cambio de que la empresa no inicie acciones penales contra ellas. Pero a pesar del acuerdo, todas las trabajadoras presentan demanda de despido, siendo declarada la procedencia en todas las instancias judiciales, por considerar la medida proporcional.

¿Qué conclusiones sacó el Alto Tribunal Europeo?, pues que en este asunto ha habido una vulneración del derecho a la intimidad y los reconoce una indemnización de 4.OOO euros a cada una de ellas por daño moral, pero el tribunal considera, por otra parte, que no hay vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (han aportado otras pruebas que demuestran que la conducta es sancionable) para que las demandantes han tenido un proceso justo y en consecuencia los despidos son procedentes.

¿Pero por qué el Alto Tribunal, considera que se ha vulnerado la vida privada de las trabajadoras? Por dos razones principales:

1.-) Que las trabajadoras tenían derecho a ser informadas de forma previa, explícita, precisa e inequívoca de la existencia de la instalación de las cámaras que monitorizaban su actividad y en este caso concreto no se hizo. Este deber de información lo impone la Ley de Protección de Datos y tiene por objetivo no sólo garantizar la propia intimidad y privacidad, sino también los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

2.-) También en este caso concreto, no se cumple con el criterio de proporcionalidad, establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), ya que la instalación de las cámaras secretas afectó a todos los trabajadores de forma indiscriminada y prolongada, sin que existiera una previa sospecha (para que las medidas de control realizadas puedan ser válidas en un procedimiento judicial se debe poner todos los medios a su disposición para tratar de limitar el control a aquel o aquellos trabajadores que razonablemente pudieran estar cometiendo actos punibles). El Alto Tribunal añade, que los Tribunales Españoles no realizaron una ponderación justa entre el derecho de las trabajadoras al respeto a la vida privada de los empleados y del derecho de dirección, organización, control y protección que tienen las empresas de su propiedad. No olvidemos que la validez del control empresarial pasa por la obligación de información previa del trabajador y la necesidad de que el control sea idóneo (medida apropiada para lograr el objetivo), necesario (es decir, que no haya otra medida más moderada para conseguir el objetivo) y proporcional (que se deriven más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto). Si bien es cierto, que el empresario tiene todo el derecho que le da la normativa laboral a instalar cámaras para proteger su patrimonio, no es menos cierto que siempre se debe hacer con el máximo respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

En relación a si los acuerdos transaccionales se obtuvieron bajo coacción de denunciar los hechos a la justicia penal (tal como denunciaron las demandantes), el Alto Tribunal, prescribe que la oferta de la empresa supone el ejercicio legítimo del derecho a decidir o no un proceso penal contra unas trabajadoras que ya han admitido voluntariamente su participación en los robos.

La resolución de Estrasburgo supone una llamada de atención al sistema judicial español, para que actúe con mayor contundencia en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, como son el derecho a la intimidad y la privacidad.

Jose Luis solans Pueyo

Doctor en derecho. Profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Adscrita a la UDL.